Blog de IU Villarrobledo
lunes, 29 de diciembre de 2014
jueves, 4 de diciembre de 2014
miércoles, 3 de diciembre de 2014
lunes, 20 de enero de 2014
miércoles, 15 de enero de 2014
La libertad, como los rios, siempre encuentra sus cauces.
La expresión popular entendida como reivindicación en sus diferentes formas, que permite a los ciudadanos ejercer la protesta como acto democrático y libre, siente la sombra de la censura y la represión.
El intento de coartar esta libertad ciudadana es el objetivo de los malos gobernantes, cínicos que muestram una cara impasible, pero a los que atemoriza el reconocimiento de su ineptitud política y su quehacer falaz, reconocido por la protesta social allí donde van. Su adn totalitario, que en estos días resulta más evidente, les impide sentirse confortables entre sus exégetas, y les lleva a intentar callar todas aquellas voces discordantes que les señalan y acusan de los atropellos sociales, económicos y culturales que perpetran contra la clase trabajadora.
Parece que este mantra reivindicativo, que se extiende por toda la geografía, y que señala como un dedo acusador a los perpetradores de esta política antisocial y en general antiproletaria, les produce un desasosiego tal, que no les han hecho dudar ni un momento en utilizar todos los recursos a su alcance, para intentar silenciar los millones de voces que claman por sus derechos y por la justicia social que merece la clase trabajadora.
Desde hace dos años hemos venido observando como se han ido endureciendo las medidas coercitivas contra todos los que hemos salido a la calle a reivindicar nuestros derechos, simplemente con la palabra, ya sea de manera oral o escrita. Desde mi experiencia persona he sufrido de manera directa esta burorepresión, ejercida contra los ciudadanos, que aprovechamos la visita de nuestros gobernantes a nuestras localidades para decirles alto y claro lo que pensamos de sus políticas. Esta burorepresión ejercida en Villarrobledo en forma de sanción administrativa, es un ejercicio que se viene adoptando de manera recurrente a lo largo de toda Castilla-la Mancha. El objetivo está claro; el intento por parte de la Presidenta de Castilla-La mancha de evitar la crítica a su política, y para ello no ha dudado en utilizar todos los recursos a su disposición.
Parece paradójico que una situación de crisis como la que estamos viviendo y a la que se aferran con uñas y dientes como tabla de salvación de sus polícas austeras, no duden en gastar recursos para ejercer esta burorrepresión a través, no solo de los cuerpos de seguridad del estado a los que, dicho sea de paso, utilizan como guardia pretoríana contra ciudadanos desarmados, sino también los recursos de las subdelegaciones que nos inundan con requerimientos documentales, a fin de crear una indefensión en los ciudadanos que menoscabe nuestro ímpetu reivindicativo.
Parece ser que las mareas reivindicativas no se frenan por esta burorrepresión, por ello el gobierno nacional ha decidido crear una nueva ley de seguridad ciudadana, según el propio anteproyecto, por necesidad, conveniencia y oportunidad.
Aunque la interpretación de este anteproyecto nos define la necesidad como un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido, un sentido que abunda en la indefensión del ciudadano ante los poderes públicos a través de la eliminación de las faltas y la ampliación de las sanciones administratativas. La defensa ante estas sanciones es una lucha contra la burocracia y no tiene nada que ver con el estamento jurídico, sino con los poderes públicos que ejercen de coartada ante estas actitudes antidemocráticas. En resumen, tienes que defenderte contra quien te acusa sin que exista una parte competente que ejerza de arbitro, los jueces. A esto se suma la sustracción de dinero por parte de la adminstración a través de sanciones y tramitaciones cuyo objetivo, vuelvo a reiterar, es crear una indefensión ciudadana que nos atemorice y nos lleve a plantearnos la protesta en la calle como medio de reivindicación.
La conveniencia viene dada, según ellos, por “la aparición de nuevas conductas violentas y antisociales”, en un país donde todos los días hay manifestaciones, claramente pacíficas, solo alteradas por los cuerpos policiales que irracionalmente acatan órdenes sin reflexión alguna y cargan contra los manifestantes. ¿Porque se multa a las personas que se manifiestan? aquí en Villarrobledo sin motivo, ya que se acató en cada momento lo que la Guardia Civil nos dijo, y sin embargo, se nos multó aludiendo argumentos falsos que ni siquiera nos fueron comunicados insitu sino que conocimos cuando nos llegaron las multas a nuestras casas.
Según el gobierno esta ley es también oportuna en la medida en que su estrechez democrática les hace pensar que los derechos de los ciudadanos son otorgables por ellos, y se intenta controlar el derecho a la manifestación argumentando, con una retórica claramente fascista, que: “el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de esta Legislatura”, y antes y después, puesto que es un derecho no una prebenda, no es un privilegio del gobierno que cede graciosamente, es un derecho de todos los ciudadanos. Además se dota a la ley de una deliberada ambigüedad que pretende dar el poder a los gobiernos de decidir que será delito y que no dependiendo de la situación. No se puede entender que no se clarifiquen lo que será constitutivo de delito y lo que será sanción administrativa. Si estas conductas fueran constitutivas de delito y por tanto peligrosas y contrarias a la ley no podrían quedarse en sanciones administrativas, deberían llevar aparejado un procedimiento judicial, pero entonces esta ley no les sería útil como insturmento de represión, que como vemos, es el objetivo prioritario. La falta de categoría política les impide decir a las claras lo que buscan y no es otra cosa que lo que les enseñó el fundador de su partido y que se resume en la frase “la calle es mia”, en otro claro ejemplo de la pseudodemocracia que rige la ideologia del Partido Popular.
La supuesta finalidad de la ley enmascara en la retórica de la defensa de derechos y libertades un objetivo claro: dotar a los gobiernos de herramientas contra la protesta social, a partir de nuevos instrumentos entre los que destaca la prevención, todo un atentado contra las garantias en derechos y libertades de los ciudadanos, ya que los sistemas garantistas establecen que no puede existir espacio para la arbitrariedad en la aplicación de la ley para evitar así el abuso de poder, y esta ley si algo deja claro es la arbitrariedad manifiesta que dota al gobierno de un poder sobrejudicial para ejercer la represión, decidiendo en cada momento lo que es delito y lo que no, incluso lo que pudiera convertirse en delito, incluso la intención de señalar a los “futuros delincuentes”, aunque su intención sea simplemente la de manifestarse.
La prevención raya la ilegalidad en tanto que impone unos hábitos de conducta y vestimenta difícilmente clarificables y por el contrario no se exige a la otra parte, como son los cuerpos de seguridad del estado. Se prohibe llevar el rostro embozado, pero se prohibe grabar a los policias, se permiten medidas extraordinarias de seguridad, nuevas sanciones, protección de centros públicos, etc, pero en ningún momento se habla de cómo se protege a los ciudadanos de los abusos de autoridad, que a partir de ahora serán perpetrados desde los gobierno de turno cuando lo crean conveniente.
Esta ambigüedad que preside todo el texto y que equipara la protesta social a la delincuencia, a los narcotraficantes, proxenetas e incluso terroristas, tiene como objetivo la criminalización de la propia protesta. Intentan con esta mezcla de conceptos, crear un estado de opinión contrario a la reivinciación, y en el caso de que no se produzca ese estado de opinión, tener la posibilidad de utilizar esta ley como excusa para justificar su atropello, en un recorte de derechos y libertades nunca vista en democracia.
Este recorte de derechos y libertades, tiene multiples ejemplos, no solo recogidos en este proyecto de ley, también en la intención de regular el derecho de huelga o incluso más allá, intentando regular el derecho de reunión como quiere Esperanza Aguirre. Una reforma totalitaria que junto con la reforma de la educación, la reforma de la ley del aborto, los recortes y privatizaciones en sanidad y servicios sociales intenta dar un golpe mortal al estado del bienestar como símbolo de la igualdad.
Queda claro que la lucha de clases está más viva que nunca, aunque en este momento más que una lucha es un ataque de clase, un ataque ejecutado por un gobierno que defiende los intereses de una minoría que intenta mantener sus privilegios políticos como medio para mantener también su nivel económico: los ricos.
Dentro de este ataque de clase, la ley de suguridad ciudadana es parte de esta estrategia fascista de controlar a la clase obrera, porque ellos saben perfectamente que el pueblo puede revertir esta situación. En respuesta a este miedo y partiendo de la estrechez de sus mentes solo entienden el totalitarismo como respuesta, ya que interpretan que más democracia y más derechos están en contra de su concepción clasista de la sociedad, en contra de sus privilegios. Por eso no quieren hijos de obreros en las universidades, no quieren una sanidad para todos, ni servicios sociales, incluso quieren quitarnos el derecho a decir, especialmente a las mujeres a través de leyes como la del aborto.
Pero, el miedo parece ser que está más de su lado que del nuestro, y podemos ver como la organización cada vez es mayor, la gente sigue luchando por sus derechos, ejerce su libertad, porque en esta situación la libertad es la esencia de nuestra actitud ante estos atropellos y por muchas leyes, actos represivos e intentos de criminalización, los ciudadanos tenemos el derecho de ejercer nuestra libertad sea por unos cauces o por otros, siempre reivindicando lo justo para nuestra clase.
La expresión popular entendida como reivindicación en sus diferentes formas, que permite a los ciudadanos ejercer la protesta como acto democrático y libre, siente la sombra de la censura y la represión.
El intento de coartar esta libertad ciudadana es el objetivo de los malos gobernantes, cínicos que muestram una cara impasible, pero a los que atemoriza el reconocimiento de su ineptitud política y su quehacer falaz, reconocido por la protesta social allí donde van. Su adn totalitario, que en estos días resulta más evidente, les impide sentirse confortables entre sus exégetas, y les lleva a intentar callar todas aquellas voces discordantes que les señalan y acusan de los atropellos sociales, económicos y culturales que perpetran contra la clase trabajadora.
Parece que este mantra reivindicativo, que se extiende por toda la geografía, y que señala como un dedo acusador a los perpetradores de esta política antisocial y en general antiproletaria, les produce un desasosiego tal, que no les han hecho dudar ni un momento en utilizar todos los recursos a su alcance, para intentar silenciar los millones de voces que claman por sus derechos y por la justicia social que merece la clase trabajadora.
Desde hace dos años hemos venido observando como se han ido endureciendo las medidas coercitivas contra todos los que hemos salido a la calle a reivindicar nuestros derechos, simplemente con la palabra, ya sea de manera oral o escrita. Desde mi experiencia persona he sufrido de manera directa esta burorepresión, ejercida contra los ciudadanos, que aprovechamos la visita de nuestros gobernantes a nuestras localidades para decirles alto y claro lo que pensamos de sus políticas. Esta burorepresión ejercida en Villarrobledo en forma de sanción administrativa, es un ejercicio que se viene adoptando de manera recurrente a lo largo de toda Castilla-la Mancha. El objetivo está claro; el intento por parte de la Presidenta de Castilla-La mancha de evitar la crítica a su política, y para ello no ha dudado en utilizar todos los recursos a su disposición.
Parece paradójico que una situación de crisis como la que estamos viviendo y a la que se aferran con uñas y dientes como tabla de salvación de sus polícas austeras, no duden en gastar recursos para ejercer esta burorrepresión a través, no solo de los cuerpos de seguridad del estado a los que, dicho sea de paso, utilizan como guardia pretoríana contra ciudadanos desarmados, sino también los recursos de las subdelegaciones que nos inundan con requerimientos documentales, a fin de crear una indefensión en los ciudadanos que menoscabe nuestro ímpetu reivindicativo.
Parece ser que las mareas reivindicativas no se frenan por esta burorrepresión, por ello el gobierno nacional ha decidido crear una nueva ley de seguridad ciudadana, según el propio anteproyecto, por necesidad, conveniencia y oportunidad.
Aunque la interpretación de este anteproyecto nos define la necesidad como un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido, un sentido que abunda en la indefensión del ciudadano ante los poderes públicos a través de la eliminación de las faltas y la ampliación de las sanciones administratativas. La defensa ante estas sanciones es una lucha contra la burocracia y no tiene nada que ver con el estamento jurídico, sino con los poderes públicos que ejercen de coartada ante estas actitudes antidemocráticas. En resumen, tienes que defenderte contra quien te acusa sin que exista una parte competente que ejerza de arbitro, los jueces. A esto se suma la sustracción de dinero por parte de la adminstración a través de sanciones y tramitaciones cuyo objetivo, vuelvo a reiterar, es crear una indefensión ciudadana que nos atemorice y nos lleve a plantearnos la protesta en la calle como medio de reivindicación.
La conveniencia viene dada, según ellos, por “la aparición de nuevas conductas violentas y antisociales”, en un país donde todos los días hay manifestaciones, claramente pacíficas, solo alteradas por los cuerpos policiales que irracionalmente acatan órdenes sin reflexión alguna y cargan contra los manifestantes. ¿Porque se multa a las personas que se manifiestan? aquí en Villarrobledo sin motivo, ya que se acató en cada momento lo que la Guardia Civil nos dijo, y sin embargo, se nos multó aludiendo argumentos falsos que ni siquiera nos fueron comunicados insitu sino que conocimos cuando nos llegaron las multas a nuestras casas.
Según el gobierno esta ley es también oportuna en la medida en que su estrechez democrática les hace pensar que los derechos de los ciudadanos son otorgables por ellos, y se intenta controlar el derecho a la manifestación argumentando, con una retórica claramente fascista, que: “el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en los dos primeros años de esta Legislatura”, y antes y después, puesto que es un derecho no una prebenda, no es un privilegio del gobierno que cede graciosamente, es un derecho de todos los ciudadanos. Además se dota a la ley de una deliberada ambigüedad que pretende dar el poder a los gobiernos de decidir que será delito y que no dependiendo de la situación. No se puede entender que no se clarifiquen lo que será constitutivo de delito y lo que será sanción administrativa. Si estas conductas fueran constitutivas de delito y por tanto peligrosas y contrarias a la ley no podrían quedarse en sanciones administrativas, deberían llevar aparejado un procedimiento judicial, pero entonces esta ley no les sería útil como insturmento de represión, que como vemos, es el objetivo prioritario. La falta de categoría política les impide decir a las claras lo que buscan y no es otra cosa que lo que les enseñó el fundador de su partido y que se resume en la frase “la calle es mia”, en otro claro ejemplo de la pseudodemocracia que rige la ideologia del Partido Popular.
La supuesta finalidad de la ley enmascara en la retórica de la defensa de derechos y libertades un objetivo claro: dotar a los gobiernos de herramientas contra la protesta social, a partir de nuevos instrumentos entre los que destaca la prevención, todo un atentado contra las garantias en derechos y libertades de los ciudadanos, ya que los sistemas garantistas establecen que no puede existir espacio para la arbitrariedad en la aplicación de la ley para evitar así el abuso de poder, y esta ley si algo deja claro es la arbitrariedad manifiesta que dota al gobierno de un poder sobrejudicial para ejercer la represión, decidiendo en cada momento lo que es delito y lo que no, incluso lo que pudiera convertirse en delito, incluso la intención de señalar a los “futuros delincuentes”, aunque su intención sea simplemente la de manifestarse.
La prevención raya la ilegalidad en tanto que impone unos hábitos de conducta y vestimenta difícilmente clarificables y por el contrario no se exige a la otra parte, como son los cuerpos de seguridad del estado. Se prohibe llevar el rostro embozado, pero se prohibe grabar a los policias, se permiten medidas extraordinarias de seguridad, nuevas sanciones, protección de centros públicos, etc, pero en ningún momento se habla de cómo se protege a los ciudadanos de los abusos de autoridad, que a partir de ahora serán perpetrados desde los gobierno de turno cuando lo crean conveniente.
Esta ambigüedad que preside todo el texto y que equipara la protesta social a la delincuencia, a los narcotraficantes, proxenetas e incluso terroristas, tiene como objetivo la criminalización de la propia protesta. Intentan con esta mezcla de conceptos, crear un estado de opinión contrario a la reivinciación, y en el caso de que no se produzca ese estado de opinión, tener la posibilidad de utilizar esta ley como excusa para justificar su atropello, en un recorte de derechos y libertades nunca vista en democracia.
Este recorte de derechos y libertades, tiene multiples ejemplos, no solo recogidos en este proyecto de ley, también en la intención de regular el derecho de huelga o incluso más allá, intentando regular el derecho de reunión como quiere Esperanza Aguirre. Una reforma totalitaria que junto con la reforma de la educación, la reforma de la ley del aborto, los recortes y privatizaciones en sanidad y servicios sociales intenta dar un golpe mortal al estado del bienestar como símbolo de la igualdad.
Queda claro que la lucha de clases está más viva que nunca, aunque en este momento más que una lucha es un ataque de clase, un ataque ejecutado por un gobierno que defiende los intereses de una minoría que intenta mantener sus privilegios políticos como medio para mantener también su nivel económico: los ricos.
Dentro de este ataque de clase, la ley de suguridad ciudadana es parte de esta estrategia fascista de controlar a la clase obrera, porque ellos saben perfectamente que el pueblo puede revertir esta situación. En respuesta a este miedo y partiendo de la estrechez de sus mentes solo entienden el totalitarismo como respuesta, ya que interpretan que más democracia y más derechos están en contra de su concepción clasista de la sociedad, en contra de sus privilegios. Por eso no quieren hijos de obreros en las universidades, no quieren una sanidad para todos, ni servicios sociales, incluso quieren quitarnos el derecho a decir, especialmente a las mujeres a través de leyes como la del aborto.
Pero, el miedo parece ser que está más de su lado que del nuestro, y podemos ver como la organización cada vez es mayor, la gente sigue luchando por sus derechos, ejerce su libertad, porque en esta situación la libertad es la esencia de nuestra actitud ante estos atropellos y por muchas leyes, actos represivos e intentos de criminalización, los ciudadanos tenemos el derecho de ejercer nuestra libertad sea por unos cauces o por otros, siempre reivindicando lo justo para nuestra clase.
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